Según señalan los autores, la crisis económica ha supuesto un punto de inflexión para los problemas que ya se hacían visibles entre los y las jóvenes, provocando una falta de expectativas y ensanchando las brechas socio económicas. Desde que se inició la crisis, explican, la familia se ha convertido en una red de protección clave, frente a un mercado laboral caracterizado por la temporalidad y el paro estructural, un sistema educativo desigual, un Estado de Bienestar orientado a las personas mayores, y una distribución del gasto público excesivamente rígida.Además se están produciendo cambios estructurales ante los que el sistema de protección español no sabe responder, como lo son el envejecimiento poblacional, la progresiva incorporación al mercado laboral de las mujeres, el aumento de la esperanza de vida, o la polarización del empleo entre trabajadores estables y precarios. Para impulsar el cambio,además de aplicar fuerzas políticas, sería necesario que los y las jóvenes se movilizasen en defensa de sus intereses, algo que parece que no termina de cuajar. El conflicto generacional y los retos estructurales están muy anclados, y es por ello que los investigadores se preguntan si a través de las políticas se podría reconstruir un pacto generacional, y si hay emprendedores políticos para llevarlo a cabo.

El primer bloque del libro trata de contextualizar a los y las jóvenes en la crisis, y averiguar si viven peor que otras generaciones.En este sentido, afirma Politikon que las condiciones objetivas de vida de la juventud actual son mejores que las de jóvenes de otras épocas.Pero a pesar de que la población nacida en los años ochenta cubrió sus necesidades básicas en una era mejor, son adultos durante la recesión económica. Además, el pacto intergeneracional está empezando a ser cuestionado en Europa, y se puede ver claro en el sistema de pensiones y en la educación de jóvenes y niños. A esto hay que añadirla proyección de expectativas: por primera vez, según una encuesta de Ipsos Mori en 2014, los y las jóvenes creen que vivirán peor que sus padres (Libro Blanco sobre el futuro de Europa, Comisión Europea, marzo de 2017).

El texto menciona también un reportaje del editor de The Economist en 2016, que considera a la juventud como “minoría oprimida”, porque tras ocho años de crisis casi un 11% más de menores de treinta años vivía de los ingresos de otras personas; principalmente debido a que las políticas y los sistemas de bienestar están dirigidas hacia las personas mayores, y cada vez se dirige menos el gasto público a desarrollar el potencial juvenil. Algo paradójico, a la luz de las estimaciones que se citan de Michael Freedman(2017), y que indican que los y las jóvenes transfieren más recursos a los mayores que al revés.

Los y las jóvenes son uno de los grupos más vulnerables a las crisis: las personas menores de 35 años perdieron una cuarta parte de su renta media anual (Banco de España, 2017), y el conjunto de hombres y mujeres jóvenes se ha empobrecido más que ningún otro grupo de edad, existiendo una tendencia general al crecimiento de esta pobreza (artículo FUNCAS, nº22, Un balance social de la Crisis, 2015).  Jóvenes sin ahorros ni propiedades, menos protegidos ante la desaparición de empleo propia de las recesiones, y con un acceso a la vivienda muy complicado.

El segundo bloque pretende enmarcar los conflictos sociales y económicos, la lucha política de los y las jóvenes, y busca propuestas de actuación para el Estado. Afirma Politikon que el mercado laboral español no funciona, en base a dos rasgos fundamentales que suponen obstáculos y a una dinámica de vaivén básica definitoria: la falta de empleo, constante histórica en España excepto en los momentos de la burbuja inmobiliaria; y la temporalidad de los trabajadores, que sigue la lógica opuesta al paro, y que supone la reproducción en épocas de bonanza pero la destrucción en épocas de recesión.

De las propuestas de mejora articuladas a través de la acción política en el mercado de trabajo español, se señala como clave la protección por despido incluida en los diferentes tipos de contrato, y la capacidad del sistema de reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas que pierden su empleo. Los autores observan que entre los diferentes tipos de contrato, la solución que mejor se adapta para igualar los niveles de protección contra el despido es una modalidad del contrato único,que colocaría a los y las jóvenes en el centro de las políticas de protección laborales. Esta propuesta penaliza con gran fuerza la temporalidad, sin olvidarse del despido de las personas con mayor experiencia, que también tiene gran coste. La diferencia con los contratos anteriores es la reducción de la protección de trabajadores indefinidos, y el coste a la contratación a corto plazo que la ley puede imponer. Además, las propuestas de contrato único vienen con una medida adjunta, la denominada “mochila austriaca”, un fondo asociado a cada trabajador en el cual la empresa deposita una determinada cantidad de forma periódica.

Otro mecanismo de protección contra el despido es el seguro de desempleo inclusivo con baja indemnización por despidos(seguro de “flexi seguridad”).Sin embargo, aunque un mercado laboral no dual, dicen los investigadores, mejoraría la situación de todos los recién llegados, seguiría habiendo desigualdades de base. Para eliminar el desempleo estructural existen acciones como las políticas de demanda o estímulo a través del gasto púbico, o la acción del Banco Central, que ayudarían a las empresas a crecer en tamaño y productividad, y a modificar el modelo empresarial español.

Otra pieza del rompecabezas es el sistema educativo. Tras estudiar la situación de la educación en España, los autores de este estudio concluyen que la formación que reciben hoy en día los y las jóvenes de entre 25 y 34 años de edad es mejor que la de generaciones anteriores, porque se ha conseguido universalizar la educación primaria y secundaria. Lo que no quiere decir que no siga habiendo problemas tan relevantes como el abandono escolar, que lleva a un sistema educativo dual entre una alta tasa de juventud con título universitario y los y las jóvenes que solo tienen el graduado de la E.S.O. Otras dificultades como la repetición de curso o las desigualdades de ingresos complican la situación. Según Politikon, existen amplias opciones para resolver estos problemas de desigualdad y mejorar los resultados estudiantiles. Entre ellas, aconseja el texto, es conveniente flexibilizar itinerarios educativos, así como eliminar lo más posible la política de repetición de curso por ser ineficaz. También se han de incluir políticas prometedoras, como programas de refuerzo para estudiantes rezagados con tutorías reducidas y programas socioemocionales. Pero estas líneas de acción, apuntan los autores, suponen un debate sobre el gasto público en educación y formación, ya que cuestan bastante dinero.

La Gran Recesión trajo de la mano la crisis del Estado de Bienestar, tercer y último elemento que cimentará una red de protección y bienestar a lo largo de la vida de los y las jóvenes. En algún punto entre 1970 y 1990, se explica en el estudio, las pensiones dejaron de ser sostenibles y las políticas de protección de las y los trabajadores se debilitaron, provocando que la emancipación, formar una familia o un empleo estable sean aspiraciones inaccesibles. Esto sucedió, dice Politikon, sobre todo a causa de un movimiento ideológico hacia las políticas neoliberales, que hicieron que las instituciones abandonaran el apoyo a los desfavorecidos. Pese a que los inconvenientes de esta crisis del Estado de Bienestar suponen retos reales, la visión que ofrece el libro es más optimista, porque las mujeres se han emancipado, se puede elegir con más libertad cómo vivir y se disfruta de una vida más larga.

No obstante, los investigadores han propuesto medidas concretas para guiar las reformas del Estado de Bienestar en España, igualar y hacer más eficientes los sistemas de redistribución y potenciar el papel económico de la mujer. Entre ellas se propone mejorar la política de natalidad para hacer compatible la vida profesional y personal de ambos progenitores. Para definir la estructura de los permisos para cuidar a los hijos e hijas hay que tener en cuenta la duración, la proporción del salario que se acogen a él, y la transferibilidad o no de dichos permisos. Luego la zona de equilibrio, concluye el estudio, estaría en unos permisos relativamente generosos, y en la capacidad de adaptación a las nuevas formas familiares y a la igualdad de género.

Otra medida positiva para el desarrollo cognitivo de los niños, las clases desfavorecidas y la conciliación de la vida laboral de los padres, sería la escolarización temprana para niños de 0 a 3 años.Además, el texto indica que hay que volver al equilibrio demográfico generacional para que la prioridad en el gasto recaiga de nuevo en la juventud y haya sostenibilidad en las pensiones. Por último, el aumento de la pobreza juvenil e infantil en España durante la crisis ha llevado a requerir adoptar políticas de ingresos mínimos que garanticen la supervivencia, y así atajar el problema de forma explícita.

Tras analizar los conflictos de los y las jóvenes, sus porqués, y cómo poder resolver lo que está mal, el tercer bloque pretende responder a la pregunta de si es posible el equilibrio político que necesita la gente joven (de participar, organizarse y que escuchen sus demandas) para derribar los muros que condicionan sus vidas. Esta reseña centra la atención en el primer capítulo del bloque, donde se expresan las alternativas de cambio a través de entender cómo actúan los puntos de bloqueo estudiados en los apartados anteriores. El resto de apartados realizan una radiografía política juvenil de la generación nacida en los años ochenta y en adelante, y sus cambios actitudinales más profundos.

En el ámbito del mercado laboral existe un dilema central entre la flexibilidad del empresario para ajustar plantilla y la seguridad del trabajador. El bloqueo consiste en el miedo al desempleo y el deseo de protección, tanto de lo que la publicación considera “insiders” (trabajadores y trabajadoras con puestos estables y protegidos), como “outsiders” (resto de personas). Por miedo, dice el equipo de investigación, las alternativas de reforma propuestas salen perdiendo con el sistema actual en España.

Como se ha explicado a priori, la estructura del sistema de bienestar converge con el bloqueo en la dimensión laboral.  Las prioridades de gasto del Estado son resistentes a los cambios en el modelo español mediterráneo, y su sistema de redistribución y los problemas estructurales son anteriores a la crisis económica actual.Sostienen los autores que reformar el sistema español es un tema tabú,y quese han producido cambios y transferencias sociales que han derivado en perjuicios para los jóvenes. 

Si bien en el mercado laboral y  en relación al Estado de Bienestar se solapan las causas, en el ámbito educativo el bloqueo parece provenir de causas distintas. Con todo, los investigadores aportan un punto de conexión entre la ausencia de reforma educativa y las dinámicas en el resto de sectores.Gran parte del debate público en el que la juventud sí tendría más capacidad para tejer redes sólo aparece de modo accesorio. Critica Politikon el hecho de que no se hable de reducir el abandono escolar, de la reforma educativa, de cómo reducir la pobreza y desigualdad, y de la transición desde el sistema formativo hacia el empleo.

En definitiva, concluye el capítulo, los bloqueos, el muro, se sostienen por los intereses del perfil español que defiende el statu quo, aquellos y aquellas que se encuentran del lado ganador; es decir, los insiders. Pero dada la dificultad de ofrecer promesas creíbles y existiendo la red familiar como elemento que evita conflictos mayores, el sistema establecido también goza de mucho apoyo por parte de los outsiders, entre los que se encuentra la gente joven.